OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PANAMA
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PANAMA
COMUNICADO
El Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODENA), instancia de monitoreo y seguimiento, creado en el año 2010 y compuesto por más de veinticinco organizaciones sociales y ciudadanos/as interesados en abogar, promover y vigilar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, a través de su Consejo Consultivo Ciudadano, hace del conocimiento público su posición con respecto a la intención gubernamental de realizar nuevas reformas a la Ley 40 de 1999 del Régimen de Responsabilidad Penal para la Adolescencia (RERPA), con miras al aumento de penas privativas de libertad.
Panamá ha realizado esfuerzos importantes por investigar, procesar y sancionar a los adolescentes dentro de los límites de un Estado de Derecho, a través de la Ley 40, en la cual se establece un régimen de sanciones penales a los adolescentes que han cometido delitos.
No obstante, esta ley ha sido reformada en siete ocasiones, siendo utilizada como método de control social de los adolescentes, lo que ha traído como consecuencia el aumento de penas y del número de delitos.
La disminución de la edad mínima de responsabilidad penal de los adolescentes a 12 años y el incremento de penas no están sustentados en la evidencia estadística, sino que están directamente vinculados a la percepción generalizada desde las instituciones de seguridad y la sociedad, respecto al aumento de la delincuencia juvenil vinculada a pandillas y producto de las informaciones en medios de comunicación tradicionales y digitales.
La política criminal en Panamá no es estable, desde la aprobación del Código Penal en el año 2008, esta norma ha tenido más de veinte reformas, lo que contrasta con las siete modificaciones de la Ley 40 de 1999, evidenciando la necesidad de un acuerdo nacional sobre el tema.
El Estado Panameño requiere una ley general de derechos de la niñez que armonice la normativa dispersa en la materia y que sirva de sustento a una institucionalidad, que de paso a la creación del sistema de protección integral de la niñez y adolescencia.
Las capacidades del Sistema de Responsabilidad Penal para la Adolescencia requieren ser fortalecidas con la dotación de mayores recursos financieros y humanos especializados, a fin de lograr mejores resultados en las medidas de resocialización, que permitan la disminución de los delitos y la violencia en el país.
Lo anterior se evidencia en los siguientes datos:
- De acuerdo con la cifras oficiales del censo del 2010, la población de adolescentes en Panamá (entre los 12 y 17 años de edad) corresponde a un 10.7% de la población total del país y el 31% del total de la población menor de edad.
- Una de cada cuatro personas que se encuentran en condiciones de extrema pobreza es niño o niña, según un estudio publicado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2007.
- En cuanto a la situación educativa de los adolescentes en el país, según el Informe final del diagnóstico de situación de Panamá de la OIT, un 35.6% de los jóvenes adolescentes estaba fuera del sistema escolar en el año 2006.
- Para el año 2010, el 45% de los adolescentes de 17 años estaban fuera del sistema educativo, de acuerdo con datos del MEDUCA. Es decir, uno de cada cuatro adolescentes estaban fuera del sistema educativo.
- Para el 2010, solo el 1.8% de los incidentes que involucran la intervención de la Policía implican la participación de personas menores de edad. Es decir, de los 54,628 incidentes reportados como delitos, 990 incidentes involucraban a personas menores de edad, según el informe de Criminalidad del Ministerio de Seguridad Pública (SIEC).
- Las causas penales de adolescentes, en promedio, representan sólo el 8% de los casos penales totales que tramita el Órgano Judicial.
- Según estadísticas judiciales, el 72 % de los delitos investigados por el Ministerio Público, en los que se vinculan a adolescentes son delitos patrimoniales (Hurto y Robo). El delito de homicidio sólo representa el 3.5% de los delitos investigados desde el año 2003 hasta el año 2009.
- En el año 2011, de acuerdo con el Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Ministerio de Gobierno, 412 jóvenes se encontraban cumpliendo sanciones de privación de libertad o medidas socioeducativas, mientras que en el 2013 este número era de 997 adolescentes, lo que trajo como consecuencia el hacinamiento en los centros penitenciarios destinados a esta población.
- Contrario a la percepción de impunidad que impera en la sociedad, las sanciones privativas de libertad aplicadas a adolescentes en conflicto con la ley penal aumentaron más del doble del año 2008 al año 2009, conforme a datos proporcionados por el Juzgado de Cumplimiento de Panamá.
- De acuerdo a datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República, entre los años 2002 y 2012, el número de personas menores de edad detenidas o privadas de libertad se duplicó. En el 2002, se detuvo a 8,805 niños, niñas y adolescentes, mientras que en el 2012 se privó de la libertad a 16,867 personas menores de edad, sin que se redujera el número total de actos delictivos del país. De estas detenciones, solo 4,564 casos fueron atendidos por las autoridades judiciales por la comisión de delitos en el año 2002 y 5,850 adolescentes fueron vinculados a delitos en el año 2012, lo que implica que en el año 2012, del total de detenciones de personas menores de edad solo el 35% estaban relacionadas con la comisión de un delito.
El Comité de los Derechos del Niño se pronuncia en sus observaciones finales a Panamá en el año 2011, expresando su preocupación por la alarma social en lo que concierne al aumento de la delincuencia juvenil, que no está basada en la realidad ni en los datos oficiales de la República de Panamá, identificando que el fenómeno de la delincuencia juvenil en el país está marcado por: “un contexto de migración a las ciudades, de falta de educación y de pobreza, motivo por el cual resulta evidente que el riesgo social es mucho mayor que los problemas que se están efectivamente manifestando, y que éste se está viendo atemperado tal vez debido al soporte familiar que logran algunos jóvenes y al esfuerzo que hacen por mantenerse dentro de las normas sociales, a pesar de las grandes necesidades”.
De igual forma, el Examen Periódico Universal (EPU) frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, recomendó a Panamá “revisar su legislación en materia penal, incluida la legislación relativa a la justicia de menores, a fin de reducir la utilización y duración de la prisión de menores de 18 años y elevar la edad mínima de responsabilidad penal, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño”.
En consecuencia, el Consejo Consultivo Ciudadano del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODENA),
RECOMIENDA:
- Con carácter de urgencia la creación y puesta en marcha de un sistema de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de políticas públicas en materia de prevención de la delincuencia juvenil, tomando en consideración los parámetros y directrices internacionales en la materia.
- Que el tema de justicia penal de adolescentes sea discutido a un alto nivel, sobre la base de las estadísticas y la información sólida y actualizada, y no fundamentada en algunas percepciones.
- Que la República de Panamá, como signataria de diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño, salvaguarde las garantías y derechos de los niños, niñas y adolescentes.
- Que se determine de forma clara y precisa las áreas que requieren inversión de recursos financieros y humanos especializados para que todos los servicios básicos sean destinados a los niños, niñas y adolescentes: esto es, que todos tengan acceso a escuelas de calidad, servicios integrales de salud, viviendas dignas, entornos adaptados a sus necesidades, entre otros.
El Consejo Consultivo Ciudadano del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia no considera pertinente el aumento de las penas privativas de libertad y en su lugar recomienda fortalecer los sistemas de investigación policial y judicial (fiscales, jueces y magistrados), a fin de contribuir a la aplicación efectiva de las penas establecidas en la Ley 40 de 1999, tomando en cuenta los principios de la Convención de los Derechos del Niño en las decisiones; así como la utilización de las medidas alternas a la privación de libertad.
Dado en la Ciudad de Panamá, a los 29 días del mes de septiembre de 2014.
